En el año 2004, en una reunión de los directores comerciales de todas nuestras operaciones, surgió el tema de la corrupción en las licitaciones públicas como una barrera para completar el cierre efectivo de algunos negocios. Reconocimos entonces que el tema del combate a la corrupción forma parte de nuestro plan de negocio.

En respuesta a esa inquietud, en 2004 y 2005 Amanco, en conjunto con Transparencia Internacional (sede Berlín), un organismo no gubernamental de lucha contra la corrupción, inició el proceso de promover acuerdos anticorrupción en el sector de tuberías para la conducción de agua en América Latina.

Hemos firmado acuerdos en Colombia y Argentina y nuestro objetivo es impulsar acciones similares en todos los países de América Latina en los que operamos. Así la inversión pública que se realiza en este sector contará con contrapartes comprometidas a participar en forma transparente, cumpliendo los procesos licitatorios y lo establecido en ellos, garantizando así la adecuada inversión de los fondos públicos.

Con esta iniciativa Amanco reconoce que a través de su estrategia de negocio cumple también una función pública, al promover temas de importancia social como la transparencia y la sensibilización en torno al tema del agua.

Durante la construcción del Acuerdo fue importante superar una serie de resistencias que existían al interior del sector, tales como:

• Escepticismo y desconfianza para acordar reglas entre competidores. Si bien esta resistencia estuvo presente desde el inicio del proceso, el contar con un espacio de diálogo abierto permitió que las empresas, a medida que se avanzaba, construyeran una confianza mutua. El escepticismo

se superó tratando de incluir en el Acuerdo a la mayor cantidad de empresas e incorporar en el plan anual al menos dos licitaciones públicas de alto nivel.

• Dificultad para llamar por su nombre a las prácticas corruptas en las relaciones de negocios. Una de las mayores resistencias en la primera etapa del proceso fue a reconocer que varias prácticas comerciales habían derivado en prácticas indebidas. La decisión de las empresas firmantes fue hablar sin eufemismos a la hora de escribir los principios del Acuerdo.

• Dificultad para definir medidas frente a precios y esquemas de distribución. Las medidas más difíciles de acordar fueron las relacionadas con la reducción de los amplios márgenes de descuento, pues estos habían propiciado espacios para incurrir en prácticas indebidas. En cuanto a los esquemas de distribución, la mayor dificultad se centró en hacer extensivo el Acuerdo a distribuidores, intermediarios o representantes de ventas.

• Entrega de información considerada confidencial. En ocasiones algunas empresas presentaban resistencia a dar información necesaria en el proceso de construcción del Acuerdo, bajo la premisa de que esta era confidencial. En el caso del acuerdo argentino, se pedirá a los auditores externos que incluyan algunos puntos que permitan medir las buenas prácticas en los balances de las empresas.

• Creación y funciones de un Comité de ética encargado de vigilar el cumplimiento del Acuerdo. Se presentaron dificultades para definir las funciones e independencia de esta instancia. Se decidió que el Comité fuera integrado también con personas ajenas a la industria.

• Definición de sanciones. Fue difícil que las empresas se pusieran de acuerdo en el tipo de sanciones que deberían aplicarse cuando se incurriera en una trasgresión al Acuerdo. Había escepticismo y temor a su eventual aplicación.